En el Besós y el Maresme el derecho a la vivienda no está siendo atendido. Una realidad que choca frontalmente con la versión oficial de una administración que penaliza la pobreza.

Si en Barcelona tener empleo no garantiza el acceso a un alquiler, la respuesta de «habitatge» de “no cumple criterios de acceso” retroalimenta un bucle de ocupación y desahucios. Ser “demasiado pobre”, es base de criterios estandarizados de exclusión de ayudas y se aplica sin distinción en barrios donde los factores de riesgo de vulnerabilidad se disparan, donde la posibilidad de las familias de salvar la brecha social se reduce drásticamente. Es necesario mirar de frente una realidad que se ceba con los más débiles.

Entidades bancarias y fondos buitre, se han apropiado de un importante número de viviendas del barrio, sin asumir el mantenimiento que les corresponde, cerradas, ocupadas y sin regularizar, provocando un efecto devastador en comunidades frágiles. Estas entidades son las mismas que marcan la proximidad del 2022 con una ola de desahucios que no se está atajando, en los que solo se pone el foco si cuestan vidas.

Diciembre comenzaba en nuestro barrio con un movimiento vecinal de jóvenes paralizando un desahucio en Rambla Prim. No muy lejos, otra familia era expulsada, en silencio y sin resistencia, de la vivienda que ocupaba desde hacía 14 meses. Una madre, mileurista, con contrato indefinido en una empresa de limpieza y sus hijos escolarizados, adaptados y con buen rendimiento académico, vivían un lanzamiento cuya única alternativa era una habitación para toda la familia en una pensión. Una trabajadora de «habitatge», lo definía de “actuación ejemplar de su departamento”, al tratarse de una familia que “no cumple con los criterios de acceso a la bolsa de vivienda” y que “estos se tenían que asignar con rigor”. La versión oficial del acompañamiento no concuerda con las circunstancias, acreditado por testimonios que asistieron in-situ a lo sucedido. Se trata de un caso más de penalización de la pobreza, donde la barrera idiomática y el desconocimiento de la red comunitaria favorecían que pasase desapercibido. La imagen en la calle de una familia con el semblante desencajado, rodeada de más bolsas de las que podrían transportar y una niña llorando abrazada a su perro, hizo saltar las alarmas en un barrio con solera en identificar la desesperación y dureza de la pobreza.

En cada uno de los edificios del barrio, como mínimo un par de viviendas son propiedad de entidades bancarias y fondos buitre. Una expoliación del parque de viviendas que llevan manteniendo cerradas durante años, sin regularizar, tensionando los precios. La impunidad y falta de sanciones de estas maniobras especulativas, dura ya más de una década. Ahora comienza un segundo ciclo que asfixia a los más vulnerables sin alternativa. Lo vivido estos días es el avance de lo que se aproxima, una historia que se repite con los mismos actores.

En el barrio es indispensable la revisión en la gestión de las propiedades de quienes fueron rescatados con dinero público, que no cuenten de nuevo con la indispensable complicidad y el silencio de quienes tienen las herramientas para actuar. Sumar, también, la revisión de los criterios de «habitatge», poco ajustados a una realidad, que retroalimenta el ciclo de precariedad que ahoga a quienes se debería apoyar.